Jugar con la memoria cuesta caro
La indignación recorrió la sociedad uruguaya cuando se dio a conocer el acto de vandalismo que había dañado las placas de la memoria en predios militares. Ante tales circunstancias, el Gobierno emitió una orden de arresto contra un oficial retirado del Ejército, quien se considera el autor del hecho y que ya había sido procesado por la Justicia.
La sanción administrativa de arresto riguroso se hizo efectiva el martes 3 de julio, según divulgó la presidencia de Uruguay a través de un breve comunicado en el que se informa además que los hechos habían sido notificados al Consejo de Ministros.
En qué consiste el arresto riguroso, se trata de la obligación de permanecer en la unidad o área militar que disponga el superior. Sin embargo, en este caso como el culpable es un oficial retirado, lo que corresponde es retenerlo en el Ministerio de Defensa Nacional.
Pero para el imputado esta es la segunda sanción, pues antes había sido condenado por la Justicia civil al haber sido hallado culpable de ser el autor penalmente responsable de dos delitos de daños agravados a objetos destinados a la reverencia pública; razón por la cual estaba en su casa en régimen de libertad vigilada.
El nombre del responsable del acto vandálico no se divulgó, sin embargo sí se explicó que había sido identificado a través de las cámaras de seguridad instaladas en diversos puntos de Montevideo, luego de lo cual se procedió a su detención y procesamiento en un juicio abreviado. El hombre había pintado con pintura verde, la noche del 25 de junio, las placas colocadas en un Centro de Altos Estudios Militares y en el Hospital Militar de Montevideo, erigidas como recordación de las víctimas de los crímenes de la última dictadura uruguay a (1973-1985).
Ante esos hechos la fiscal que llevó adelante el caso pidió una condena de seis meses de prisión para el exmilitar, pero el juez dispuso prisión en un régimen de libertad vigilada. A esta decisión se sumó luego la medida tomada por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa, institución de la cual dependen los militares, que dispuso el arresto riguroso.
Esto no es más que el cumplimiento de lo dispuesto por la ley en Uruguay, donde desde septiembre del 2009 está vigente una ley de reconocimiento y reparación a víctimas de la dictadura, que obliga a tomar medidas adecuadas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y, sobre todo a que haya garantías de que no volverán a repetirse aquellos crímenes.
