Un continente que necesita unión
América Latina como continente es el más desigual en cuanto análisis de pobreza se trata. Es considerable la inmensa desigualdad entre los distintos territorios, ya que algunos de los países de América Latina son diez veces más ricos que otros, por lo que la escasez no se reparte de forma homogénea. Asimismo, en el desarrollo regional de América Latina y el Caribe predomina una distribución esencialmente desigual en el acceso a bienes y servicios, como en las oportunidades laborales y de generación de ingresos. Esto no es el resultado inevitable del proceso de desarrollo económico sino, más bien, la consecuencia de la historia de las decisiones de políticas públicas, la cual puede ser modificada mediante el cambio en las prioridades a nivel local, nacional y mundial y la implementación de políticas que privilegien un enfoque más integral.
Ha resultado particularmente importante la sistematización de una serie de propuestas de políticas, instrumentos de inversión y financiamiento sostenible de proyectos e intervenciones para la superación de la pobreza y precariedad urbana. De esta forma, se pretende aportar al fortalecimiento de la capacidad institucional de los gobiernos nacionales y sub nacionales, en la gestión de proyectos de desarrollo que busquen generar mayor seguridad humana, con un enfoque de innovación y de replicabilidad. Todo ello sobre tres ejes programáticos condicionantes del desarrollo urbano: financiamiento, institucionalidad, que incluye lo normativo y la regulación, y gobernabilidad.
En un contexto como en el que hoy nos encontramos el incremento de la pobreza urbana, la desigualdad y la aparición de nuevas formas de exclusión sobre la base de un análisis de gobernabilidad y territorialidad son procesos complejos que se convierten en nuevos retos para las políticas sociales y exigen su redefinición. Las tan nombradas políticas sociales son aquellas políticas públicas cuyo principal objetivo es crear condiciones de equidad social, y promover y garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos. Un número cada vez mayor de países se esfuerzan por establecer la gobernabilidad en un contexto democrático. Se enfrentan al desafío de elaborar instituciones y procesos que respondan mejor a las necesidades de los ciudadanos ordinarios, incluidos los pobres. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) agrupa a la gente en las naciones y en todo el mundo, creando asociaciones y compartiendo los modos de fomentar la participación, la responsabilidad y la eficacia en todos los niveles. Se ayuda a los países a fortalecer sus sistemas electorales y legislativos, mejorar el acceso a la justicia y la administración pública, y a desarrollar una mayor capacidad para hacer llegar los servicios básicos a quienes más los necesitan.
La pobreza es un fenómeno complejo que abarca un amplio espectro de las dimensiones del bienestar humano, característica que la ha convertido en un desafío metodológico permanente para sus estudiosos. El interés por comprender mejor la "multidimensionalidad de la pobreza” se ha manifestado, por una parte, en la búsqueda de marcos conceptuales apropiados para su análisis y, por otra, en el desarrollo de nuevas metodologías que sirvan para la cuantificación del fenómeno y la formulación y el seguimiento de las políticas públicas desarrolladas para su superación(CEPAL, 2005). Ahora bien, al trasladar la "multidimensionalidad de la pobreza” al ámbito de la medición, surgen diversos desafíos ya que la mayor riqueza de una aproximación multidimensional radica precisamente en la posibilidad de analizar las distintas dimensiones por separado, oportunidad que no se aprovecha cuando se resume la información en un índice único. Los dos métodos más reconocidos de medir la pobreza, el del ingreso y el de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) apuntan a identificar las situaciones en las que el nivel de vida es inferior a estándares socialmente aceptables.
Sin embargo, no debe esperarse una correspondencia absoluta entre éstos. Se sabe que la cuantificación de pobreza está sujeta a situaciones de coyuntura que puedan afectar el ingreso de las familias en plazos relativamente cortos, mientras que el segundo tipo de indicadores tiene un carácter mucho más estructural. Las ciudades latinoamericanas del siglo XXI expresan especialmente los efectos de los profundos procesos de transformación económica, social y cultural generados por la aplicación de políticas neoliberales en un contexto internacional globalizado como el que estamos viviendo hoy. La modernización de las ciudades en esta etapa de su existencia deja atrás los proyectos de industrialización, generadores de empleos estables y bien remunerados, para dar paso a la expansión de un sector terciario: el cual alberga tanto el conjunto de actividades que requiere el capital financiero y la sociedad de la información que ofrece empleo a la fuerza de trabajo con mayor nivel educativo, como las actividades propias de la economía informal y de la economía del delito.
