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domingo, 12 de agosto de 2018

Uruguay y su seguridad social

Por RaizaM.

Uruguay tiene altos niveles de cobertura de la seguridad social, presenta la tasa de formalización de empleo doméstico más alta de la región y ha tenido un aumento modesto del gasto público en los últimos 20 años. Pero tiene un reto de grandes proporciones en el envejecimiento poblacional y el aumento del gasto en pensiones que eso conllevará. Ese es un resumen del informe Presente y futuro de la protección social en América Latina y el Caribe elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Según el estudio, entre 1997 y 2016 un grupo de países aumentaron su gasto público más de 10% del Producto Interno Bruto —PIB— (Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Ecuador y Venezuela); un segundo grupo aumentó cerca de 5% del PIB (Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana), mientras que los restantes (Guatemala, Honduras, Panamá, Uruguay y Perú) tuvieron incrementos más modestos, menores a 3% del PIB. Una parte considerable del incremento en el gasto público fue destinada al gasto social, en especial a las acciones de expansión de la protección social.

Entre 2005 y 2015 la cobertura de seguridad social en el trabajo doméstico creció 35 puntos porcentuales, según el organismo.

Para la protección social a futuro, la OIT marcó un desafío: las tendencias decrecientes en el crecimiento de la población total y la creciente participación de los mayores son comunes para toda la región para lo que resta del presente siglo, creando una tendencia generalizada, pero diferenciada entre países, hacia el aumento de las tasas de dependencia.

La tasa de dependencia es el cociente entre la población de 65 años o más y la población entre 15-64 años.

En el caso de Uruguay, la tasa de dependencia pasó de 12,9% en 1950 a 22,5% en 2015 y se proyecta que lo hará 35,3% en 2050 y a 55,7% en 2100.

Este organismo recomienda que, tomando en cuenta estas consideraciones, los sistemas de pensiones deberán adecuar paulatinamente sus parámetros para hacer frente a los cambios demográficos y asegurar la solvencia de mediano plazo sin afectar el espacio fiscal necesario para atender otras demandas de protección social y de inversión.

Uruguay se considera un país pionero, donde desde hace más de una década, ha desarrollado acciones en las cinco dimensiones. En el año 2006 entró en vigor una normativa para las trabajadoras domésticas, amplía la seguridad social a las ramas contempladas en el Convenio 102 (norma mínima), fija un salario mínimo para las trabajadoras, instaura medidas de fiscalización, se simplifica el pago de las prestaciones, ha desarrollado distintas campañas de información y cuenta con experiencia en negociación colectiva. Lo anterior ha tenido importantes efectos positivos que se pueden observar, por ejemplo, en ser el país con mayor cobertura efectiva en seguridad social para trabajadores domésticos.